Reorganización de los cabildos canarios y actualización de sus competencias

Reorganiza los siete cabildos insulares de Canarias, redefine su reparto de competencias con el Gobierno regional y deroga la ley anterior de 2015.

• Sustituye a la Ley 8/2015 y adapta los cabildos al Estatuto de Autonomía de 2018, que les reconoce como gobierno de cada isla y como institución autonómica.
• Refuerza el carácter ejecutivo del Consejo de Gobierno insular al permitir la entrada de consejeros no electos, eliminando las limitaciones de porcentaje que existían antes.
• Regula cómo la Comunidad Autónoma puede transferir o delegar competencias a los cabildos, con traspaso obligatorio de medios personales, materiales y económicos.
• Crea el Fondo de Solidaridad Interinsular, para financiar las competencias transferidas con atención a la doble insularidad, y el Fondo de Contingencias por Emergencias, para situaciones de protección civil y catástrofes naturales.
• El Cabildo de Lanzarote cambia su denominación para incluir a la isla de La Graciosa, cuya capital se fija en Caleta del Sebo, aunque la sede del cabildo seguirá en Arrecife.
• Facilita la movilidad de funcionarios entre el Gobierno de Canarias y los cabildos, con reserva del puesto de origen, incluso para cargos directivos técnicos.
• Los municipios pequeños (menos de 20.000 habitantes) recibirán más asistencia técnica y material de los cabildos, incluidos servicios de Administración electrónica y contratación centralizada.
• Los cabildos deberán adaptar sus reglamentos orgánicos a las nuevas previsiones de la ley.