Refuerzo de derechos para personas con discapacidad y en situación de dependencia

La ley amplía derechos, crea nuevos servicios de cuidado, prohíbe las sujeciones y obliga a adaptar viviendas, seguros y empleo para millones de personas con discapacidad o dependencia.

• Aplica a personas con discapacidad o en situación de dependencia, a sus familias, cuidadores, profesionales del sector, aseguradoras, comunidades de propietarios y empresas.
• Si tienes dependencia reconocida, se asimila automáticamente a un 33% de discapacidad (grado I) o un 65% (grados II y III), aunque solo a efectos de esta ley, no para impuestos ni pensiones.
• La teleasistencia pasa a ser un derecho subjetivo para cualquier persona dependiente, y se crean nuevos servicios como cuidados en viviendas compartidas y préstamo gratuito de productos de apoyo (sillas, grúas, etc.).
• Se prohíbe el uso de sujeciones físicas, mecánicas o químicas en residencias y centros, salvo en urgencias vitales, y se elimina la incompatibilidad entre prestaciones para poder combinar servicios.
• Las obras de accesibilidad en edificios de viviendas serán obligatorias y se podrán pagar a largo plazo; si la comunidad recibe ayudas públicas de al menos el 70%, tendrá que hacerlas aunque cuesten más de doce mensualidades.
• Las aseguradoras no podrán rechazar pólizas ni cobrar más por tener discapacidad, y deberán garantizar la accesibilidad de sus oficinas, webs y servicios.
• Para trabajar o ser voluntario con personas con discapacidad o dependencia habrá que acreditar no tener antecedentes por delitos sexuales ni de violencia de género.
• Entra en vigor a los 20 días de publicarse en el BOE, aunque muchas medidas necesitan desarrollo normativo y acuerdos entre el Estado y las comunidades autónomas durante los siguientes meses o hasta un año.