Cataluña aprueba una ley para eliminar todo el amianto del territorio

Obliga a localizar, censar y retirar el amianto de edificios públicos y privados en Cataluña, con plazos, multas de hasta 100.000 euros y ayudas públicas para la retirada.

• Crea el Censo catalán de materiales con amianto, un registro público que debe mantener la Generalitat con la información de los lugares donde se detecte este material.
• Quien venda o alquile una vivienda o local deberá entregar obligatoriamente un certificado de presencia o ausencia de amianto, que se inscribirá además en el Registro de la Propiedad.
• Las administraciones públicas deben retirar el amianto de centros educativos, sanitarios, sociales e instalaciones deportivas de titularidad pública en un plazo máximo de 3 años desde la entrada en vigor.
• Se crea el Fondo para la Erradicación del Amianto de Cataluña, alimentado por las sanciones y los Presupuestos de la Generalitat, para ayudar a particulares, comunidades de propietarios y municipios, con especial atención a personas vulnerables y municipios rurales.
• Las infracciones se sancionan con multas de entre 100 y 3.000 euros (leves), hasta 30.000 euros (graves) y hasta 100.000 euros (muy graves), con prohibición de recibir subvenciones o contratar con la Generalitat en los casos más graves.
• Reconoce oficialmente a las víctimas del amianto y sus derechos a asesoramiento, reparación y vigilancia médica, y declara territorios especialmente afectados a Cerdanyola del Vallès, Ripollet y Badia del Vallès por los 90 años de actividad de Uralita.
• Los municipios de más de 20.000 habitantes tendrán competencias de inspección y sanción, mientras que los más pequeños recibirán apoyo técnico y financiero de las diputaciones y consejos comarcales.
• La ley entra en vigor a los 3 meses de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.